El Consejo General de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros (CGAA) ha encontrado respaldo institucional en sus críticas al funcionamiento del sistema europeo de certificación de capturas pesqueras. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) comparte el diagnóstico sobre las numerosas complicaciones operativas que genera la aplicación del reglamento contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Un reciente encuentro de trabajo entre presidentes de colegios profesionales de agentes de aduanas y técnicos de la Subdirección General de Control e Inspección y Lucha contra la Pesca Ilegal ha permitido identificar problemas comunes en la gestión del nuevo sistema. La excesiva carga administrativa figura entre las principales preocupaciones manifestadas por ambas partes, junto con la inviabilidad práctica para certificar las capturas de miles de embarcaciones.
Las dificultades se extienden especialmente a la gestión de buques artesanales y embarcaciones que carecen de registro internacional. La reunión también ha evidenciado duplicidades en los procedimientos de alta de operadores y buques, además de carencias significativas en las bases de datos del sistema. La ausencia de interoperabilidad con países terceros obliga a introducir manualmente información de elevada complejidad, lo que incrementa la carga de trabajo y las posibilidades de error.
Estos obstáculos están vinculados a la implantación de CATCH, la herramienta digital que la Unión Europea ha establecido para el control pesquero. Desde el 10 de enero pasado, su uso resulta obligatorio para gestionar todos los procedimientos relacionados con los certificados de captura que deben acompañar a los productos pesqueros importados en territorio comunitario.
El sistema no funciona de manera autónoma, sino que está integrado en la plataforma TRACES (Trade Control and Expert System), habilitada para la gestión electrónica de certificados de captura y documentación vinculada al control de productos del mar, particularmente en el marco de la lucha contra prácticas pesqueras irregulares.
Los representantes de la Administración española han explicado durante el encuentro que se trata de un sistema desarrollado e impuesto por la Comisión Europea, sin margen para modificaciones a nivel nacional. España ha comunicado de forma reiterada las incidencias detectadas a los servicios competentes de Bruselas, según han indicado los funcionarios presentes en la reunión.
La Administración ha reconocido el esfuerzo realizado para resolver el colapso inicial que experimentó el sistema en sus primeras semanas de funcionamiento, aunque ha señalado las limitaciones competenciales existentes en su gestión. Respecto a los certificados masivos, la solución propuesta por la Comisión Europea consiste en continuar introduciendo todos los buques y mareas en el sistema, alternativa que el sector considera insuficiente y poco operativa porque no reduce la carga administrativa ni soluciona los problemas estructurales identificados.
Tanto el CGAA como el MAPA han coincidido en que, pese a la estabilización parcial de la situación operativa, el sistema presenta deficiencias relevantes que requieren revisión urgente. La integración de terceros países y la simplificación de certificados complejos figuran entre las prioridades señaladas. En este contexto, ambas partes han acordado mantener una acción coordinada ante la Comisión Europea para trasladar las incidencias y trabajar en la búsqueda de soluciones que mejoren el funcionamiento del sistema de control pesquero.