La Comisión Europea ha comunicado este viernes la apertura de un procedimiento de infracción contra España, Francia e Italia por imponer el requisito de pabellón nacional a los buques de remolque y amarre que operan en sus puertos. Bruselas considera que esta exigencia contraviene los criterios de proporcionalidad y no discriminación establecidos en la normativa comunitaria sobre servicios portuarios.
El procedimiento se inicia con el envío de una carta de emplazamiento por parte de los servicios de la Comisión, mediante la cual se advierte a las autoridades nacionales de la irregularidad detectada y se abre un plazo de dos meses para adoptar medidas correctoras. Si el caso no se resuelve en ese período, el Ejecutivo comunitario puede extender el espacio de diálogo mediante el envío de un dictamen notificado que permite entre uno y dos meses adicionales de contactos, antes de decidir si eleva el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario explica que la normativa establece principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la legislación social y laboral, incluidas las normas sobre inspecciones de trabajo, al imponer requisitos a los buques que realizan operaciones de remolque o amarre en puertos situados en territorio comunitario.
Los tres Estados miembros señalados han establecido la obligación de que los buques utilizados para el remolque y el amarre en sus respectivos puertos enarbolen sus respectivas banderas nacionales. El argumento trasladado a Bruselas por estas administraciones se fundamenta en la preocupación de que, sin este requisito, no resultaran aplicables las leyes sociales nacionales si el remolcador no dispone de bandera nacional.
No obstante, la Comisión Europea ha comunicado con la apertura del expediente que esta interpretación «no es correcta». El reglamento ya faculta a los Estados miembros para hacer cumplir la legislación social y laboral nacional, independientemente del pabellón que enarbole el buque sujeto a inspección.
Los servicios comunitarios añaden que, en caso de que los Estados miembros decidan imponer un requisito de pabellón, este debe definirse como «una bandera de cualquier Estado miembro de la UE, y no como la bandera nacional de un Estado miembro concreto». Esta precisión resulta fundamental para entender la posición de Bruselas, que no cuestiona la potestad de los Estados para establecer requisitos, sino la forma restrictiva en que se ha aplicado esta facultad.
El procedimiento de infracción se enmarca en la vigilancia que ejerce la Comisión Europea sobre la correcta aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros. El objetivo de esta supervisión consiste en garantizar que las normativas nacionales no establezcan barreras discriminatorias que puedan fragmentar el mercado interior europeo o generar distorsiones en la competencia entre operadores de diferentes países.
Los tres Estados afectados disponen ahora de dos meses para presentar sus observaciones y, en su caso, modificar sus normativas nacionales para ajustarse a los criterios comunitarios. La respuesta que ofrezcan España, Francia e Italia determinará si el procedimiento avanza hacia fases más complejas o si, por el contrario, se alcanza una solución mediante el diálogo con Bruselas.
En el ámbito de los servicios portuarios, la normativa europea busca equilibrar la necesidad de garantizar condiciones laborales adecuadas con el principio de libre prestación de servicios en el mercado único. La interpretación que finalmente prevalezca en este caso puede sentar precedente para situaciones similares en otros puertos europeos donde existan regulaciones específicas sobre las características de los buques que prestan servicios auxiliares.