La Corte Suprema de Panamá ha anulado las concesiones que ostenta Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison Ports Holdings, para operar las terminales de contenedores de Balboa, en el lado del Pacífico, y Cristóbal, en el lado del Atlántico del Canal de Panamá. La decisión judicial responde a acciones legales presentadas por la Contraloría General del país centroamericano.
Anel Bolo Flores, Contralor General de Panamá, presentó dos demandas ante la Corte Suprema solicitando la anulación de la concesión otorgada a PPC, alegando graves irregularidades y perjuicios a los intereses nacionales. La concesión de 25 años para las terminales de contenedores fue renovada en 2021, pero según un informe de la Contraloría General elaborado en abril, esta renovación nunca fue legalmente autorizada. La acción legal incluye una reclamación que cuestiona la constitucionalidad y otra que busca la anulación.
PPC ha emitido un comunicado sobre la decisión señalando que ha tomado nota de la resolución del tribunal que declara inconstitucional la Ley N° 5 del 16 de enero de 1997, entre otras normativas relevantes. Esta ley constituye la legislación panameña que autorizó al gobierno a otorgar a PPC la concesión para desarrollar, operar y gestionar los puertos de Balboa y Cristóbal, incluyendo los términos, extensiones y obligaciones del contrato. La anulación también hace referencia a las adendas pertinentes que cubren la extensión de la concesión, según informan medios locales. El fallo establece que las leyes y actos impugnados violan la Constitución de Panamá.
La compañía ha manifestado que, aunque aún no ha sido notificada formalmente de la decisión, esta resulta inconsistente con el marco legal relevante y la ley que aprobó el contrato, que ha sido la base de las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas, según la declaración y evaluación de sus asesores legales sobre los procedimientos referenciados.
PPC ha calificado la decisión como la última acción en una campaña de un año por parte del Estado panameño dirigida contra la empresa y su inversor, a pesar de más de 28 años de inversiones que superan los 1.800 millones de dólares y que han contribuido a establecer a Panamá como un centro portuario y logístico líder.
La empresa ha declarado que el contrato de concesión de PPC fue el resultado de un proceso de licitación internacional transparente. Desde entonces, PPC ha cumplido con sus obligaciones contractuales y legales, incluidas las auditorías realizadas por el Estado, actuando siempre con total transparencia y plena disposición para cooperar. La compañía considera que el fallo carece de fundamento legal y señala que la resolución es diametralmente opuesta a decisiones previas emitidas por la Corte Suprema respecto a contratos similares al de PPC.
Según la posición de la compañía, la campaña del Estado panameño contra su propio marco legal y contractual, así como contra un concesionario e inversor diligente, continúa socavando la reputación de Panamá como jurisdicción confiable y su posición como centro logístico competitivo a nivel mundial. La estabilidad institucional y legal, junto con el respeto a los contratos, constituyen pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y el estado de derecho, argumenta la empresa.
La compañía ha manifestado que mantiene su compromiso con Panamá y las comunidades locales, reservándose permanentemente todos los derechos, incluido el recurso a procedimientos legales nacionales e internacionales.
El gobierno de Hong Kong ha condenado enérgicamente la decisión de la Corte Suprema de Panamá, señalando que las medidas coercitivas contra empresas de Hong Kong socavan la confianza de los inversores y las relaciones bilaterales, instando a Panamá a respetar los contratos y garantizar un trato justo. Un portavoz gubernamental añadió que, dada la situación actual en Panamá, las empresas de Hong Kong deberían revisar cuidadosamente sus inversiones existentes y futuras en ese país.
Las dos terminales forman parte de un conjunto de 43 terminales globales incluidas en una importante operación de venta anunciada en marzo por CK Hutchison, valorada en 22.800 millones de dólares. Según informaciones, CK Hutchison está considerando reestructurar el acuerdo y dividirlo en secciones para asegurar la aprobación de Beijing para la transacción. En esta fase, no está claro cómo podría afectar la resolución judicial a la operación de venta.