Panama Ports Company (PPC), operador portuario perteneciente a la red global de puertos de CK Hutchison, ha iniciado un procedimiento de arbitraje contra la República de Panamá tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de las extensiones de sus concesiones para las terminales de contenedores de Balboa y Cristóbal, situadas en el Canal de Panamá. La compañía reclama indemnizaciones por daños y perjuicios basándose en lo que considera incumplimientos del contrato y del marco legal aplicable.
La anulación de las concesiones tiene su origen en las acciones legales emprendidas por la Contraloría General de Panamá, cuyo titular, Anel Bolo Flores, presentó dos demandas alegando irregularidades graves en el proceso concesional y perjuicios para los intereses del país. PPC firmó una concesión de 25 años para las terminales en 1997, que fue renovada en 2021. Sin embargo, según un informe de la Contraloría General publicado en abril de 2025, dicha extensión nunca fue autorizada legalmente.
La decisión más reciente del Tribunal Supremo declaró inconstitucional la Ley número 5 de 16 de enero de 1997, que originalmente autorizaba la concesión, sus términos y las extensiones posteriores. PPC ha calificado esta decisión como parte de una campaña de desprestigio por parte del Gobierno panameño, señalando que el arbitraje se produce tras más de un año de esfuerzos por parte de la compañía para consultar y evitar disputas.
En un comunicado emitido el 4 de febrero, PPC afirmó que el inicio del arbitraje responde a una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra la compañía y su contrato de concesión durante un año marcado por una serie de acciones abruptas por parte del Estado, que han culminado en daños graves e inminentes para PPC. La empresa señala que contratos similares en el sector portuario no han sido objeto de estas actuaciones.
PPC fundamenta el arbitraje en el contrato de concesión y el marco legal que han estado vigentes durante casi tres décadas como contrato-ley, proporcionando seguridad jurídica y respeto a largo plazo del marco legal y contractual aplicable. La compañía sostiene que la República de Panamá ha incumplido el contrato y la ley aplicables, y reclama indemnizaciones extensas basadas en una evaluación de los datos financieros relevantes, sujetas a resolución rápida, así como otras medidas de reparación que puedan resultar necesarias.
La empresa ha indicado que hasta el momento solo se ha emitido un comunicado de la rama judicial de la República de Panamá sobre el asunto, y que la sentencia del Tribunal Supremo aún no ha sido publicada oficialmente ni ha entrado en vigor.
Tras el anuncio de la anulación de las concesiones, la Autoridad Marítima de Panamá comunicó que el Estado panameño había activado un plan de transición técnico-operativo destinado a garantizar la continuidad de las actividades portuarias en ambos puertos. La autoridad indicó que los servicios esenciales que apoyan la cadena logística global continuarán operando sin interrupciones y que APM Terminals asumirá la gestión de las terminales como administrador temporal durante el período de transición.
APM Terminals ha confirmado su disposición a asumir la operación temporal de ambas instalaciones, precisando que cualquier entrada operativa a las terminales se llevará a cabo en pleno cumplimiento de todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la ley. La compañía danesa añadió que esto solo podrá tener lugar una vez que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Panamá sea definitiva y vinculante, un calendario que queda fuera del control de la empresa. Según las informaciones disponibles, actualmente no existe un cronograma definido para una posible transición, y los próximos pasos serán probablemente determinados y anunciados por la Autoridad Marítima de Panamá.
PPC ha denunciado que desde la mañana siguiente al comunicado de prensa judicial, el Estado panameño declaró y desplegó ampliamente medidas para hacerse cargo de las operaciones de la compañía. Con diversas referencias a la sentencia judicial no publicada, las medidas adoptadas por el Estado han incluido visitas inesperadas a las instalaciones e instrucciones para que PPC, una empresa privada, proporcione acceso sin restricciones a propiedades físicas, comerciales e intelectuales, así como a información y empleados, sobre la base de que el Estado está sistematizando y ejecutando un plan de transición portuaria mediante acciones coordinadas de las autoridades estatales.
Mientras tanto, PPC ha indicado que continúa gestionando las operaciones portuarias y que se ha reunido con representantes del Estado panameño, solicitando acceso al plan mencionado y oportunidades de consulta y coordinación. La compañía ha señalado que ella y sus inversores han realizado inversiones extensivas en infraestructura, tecnología y desarrollo de la fuerza laboral, a niveles varias veces superiores a los de cualquier otro operador portuario en Panamá.
PPC ha añadido que estas inversiones han creado miles de empleos directos e indirectos y han contribuido a establecer Panamá como un centro portuario y logístico reconocido a nivel mundial, atrayendo a las principales líneas navieras y generando amplios beneficios económicos para el país. A pesar de los acontecimientos recientes, PPC ha reiterado su invitación al Estado panameño para mantener claridad y consultas con el fin de resolver este asunto.