El European Dockworkers Council (EDC) ha anunciado su salida del Comité de Diálogo Social Sectorial (CDSS) para Puertos, en una decisión que responde a lo que la organización califica como un abandono progresivo del diálogo social por parte de la Comisión Europea. La ruptura se produce tras la publicación de un análisis sectorial elaborado en enero de 2026, en el que el EDC documenta lo que considera tres fallos sistémicos de la institución comunitaria en su relación con el sector portuario.
El CDSS para Puertos fue creado en 2013 como foro oficial de consulta para las políticas portuarias en la Unión Europea, con la participación de cinco interlocutores sociales: EDC, ETF, IDC, ESPO y FEPORT. El comité contaba con representación paritaria de trabajadores y empleadores y tenía capacidad para negociar acuerdos sectoriales. Su ámbito de actuación abarca la operación de terminales de carga y pasajeros, los servicios técnico-náuticos como remolque y practicaje, y el mantenimiento de infraestructuras portuarias, en un sector que comprende más de 1.200 puertos comerciales en la UE y afecta a 1,7 millones de trabajadores. Su base legal se sustenta en los artículos 154 y 155 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como en el Principio 8 del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que reconoce el derecho a ser consultado en políticas económicas y sociales.
El primero de los fallos que identifica el EDC se refiere a lo que denomina «ignorancia técnica», ejemplificado con el caso del sistema de comercio de emisiones de la UE (EU ETS) aplicado al transporte marítimo. La extensión del ETS al sector marítimo, implementada en 2024 con el objetivo de descarbonizar la actividad a través del pago por derechos de emisión, presenta según el análisis una aplicación asimétrica que penaliza a los puertos de transbordo comunitarios frente a competidores no europeos como Tánger Med (Marruecos) o East Port Said (Egipto). El EDC señala que el CDSS alertó sobre los riesgos de fuga de carbono, ya que los buques podrían desviar sus rutas hacia puertos vecinos no sujetos al ETS sin que se reduzcan las emisiones globales, así como sobre la pérdida masiva de volúmenes de carga y empleo en los puertos mediterráneos. Según la organización, la Comisión ignoró los datos técnicos proporcionados por el comité y procedió sin mecanismos de ajuste.
El segundo fallo identificado es la falta de apoyo político a los acuerdos negociados, con el caso del acuerdo Safety on Board como ejemplo central. Este acuerdo, alcanzado en el marco del CDSS, establecía protocolos mínimos de seguridad para los trabajadores portuarios a bordo de los buques, formación obligatoria sobre riesgos marítimos, mecanismos de denuncia seguros e inspecciones conjuntas de las condiciones de trabajo. Sin embargo, la Comisión no ha respaldado políticamente el acuerdo ni ha procedido a su transposición en forma de directiva vinculante, por lo que el diálogo social permanece sin fuerza legal y el acuerdo depende de la voluntad individual, lo que deja a miles de trabajadores en situación de vulnerabilidad.
El tercer fallo sistémico se refiere a la erosión financiera progresiva del CDSS. Según el análisis del EDC, la trayectoria de financiación del comité muestra una fase de consolidación entre 2013 y 2017, con expansión de iniciativas, acuerdos negociados y financiación estable, seguida de un inicio de crisis a partir de 2022 con la reducción de reuniones plenarias y el debilitamiento técnico.
En 2025, la situación es calificada como de crisis actual, con recortes drásticos en los fondos destinados a estudios técnicos y logística para reuniones presenciales. Las consecuencias operativas incluyen la incapacidad para responder a la legislación climática y la parálisis en la transposición de acuerdos de seguridad. El EDC señala como contradicción fundamental que la Comisión firmase el Pacto de Diálogo Social en marzo de 2025 al tiempo que reducía los recursos del CDSS.
El análisis del EDC compara los compromisos asumidos por la Comisión en el Pacto de 2025 con la realidad del CDSS. Mientras el pacto prometía consulta significativa con las partes interesadas, apoyo financiero a los comités y promoción de la transposición de acuerdos sectoriales, la realidad muestra que las advertencias técnicas fueron ignoradas en la fase legislativa del EU ETS, que los presupuestos y las reuniones se recortaron, y que el acuerdo Safety on Board fue bloqueado. El resultado, según la evaluación del EDC, es que ninguno de los cinco compromisos del pacto ha sido cumplido en el sector portuario.
En cuanto al impacto sectorial, el documento advierte de consecuencias para los trabajadores, los puertos europeos y la propia Unión. Para los trabajadores, señala la toma de decisiones críticas sin considerar la realidad de los muelles, el riesgo de desempleo por desvío de tráfico hacia puertos extracomunitarios y la vulnerabilidad en materia de seguridad por la ausencia de estándares vinculantes.
Para los puertos de la UE, apunta a la pérdida de competitividad frente a hubs vecinos como Tánger, Port Said, Nador, Sokhna, Cherchell y Asyaport, así como a la fuga de inversión hacia infraestructuras fuera del marco regulatorio europeo y al debilitamiento de la red logística estratégica continental. Para la Unión Europea en su conjunto, el EDC advierte de la reducción de la soberanía sobre las cadenas de suministro marítimas, la percepción del diálogo social como un ejercicio vacío y el incumplimiento de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Entre las recomendaciones que el EDC dirige a la Comisión figuran la integración obligatoria de los informes técnicos del CDSS, la transposición del acuerdo Safety on Board en una directiva, la garantía de presupuestos para reuniones y estudios, y la creación de un marco de consulta con veto suspensivo. La organización advierte de que sin un cambio radical en la gobernanza, el diálogo social sectorial para puertos corre el riesgo de desaparecer.