El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado la razón a la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) en el conflicto judicial relativo al cálculo de las tasas de ocupación del dominio público portuario, al confirmar que la actuación de la institución portuaria se ha ajustado plenamente a la legalidad vigente.
La sentencia desestima el recurso interpuesto por la empresa Terminales Marítimas del Sureste, S.A. (TMS), que impugnaba varias liquidaciones de la tasa de ocupación correspondientes a su concesión en el puerto de Alicante. De este modo, el Tribunal avala el criterio aplicado por la Autoridad Portuaria y considera correcto el sistema utilizado para el cálculo de dichas tasas.
El fallo judicial respalda expresamente el uso del acta de reconocimiento de las obras como documento válido para determinar tanto las superficies ocupadas como las bonificaciones aplicables en función de las inversiones realizadas. El Tribunal subraya que este documento fue aceptado en su momento por ambas partes y constituye una base objetiva, transparente y conforme a derecho para la liquidación de las tasas.
Asimismo, la sentencia descarta cualquier actuación arbitraria o injustificada por parte de la Autoridad Portuaria y confirma que las liquidaciones impugnadas estaban debidamente motivadas y se ajustaban a la normativa portuaria vigente.
El procedimiento judicial afectaba a liquidaciones por un importe global de 1.633.990 euros, correspondientes a ejercicios anteriores y a distintas superficies concesionadas. Como consecuencia de la desestimación íntegra del recurso, el Tribunal ha impuesto además las costas del procedimiento a la parte demandante, por lo que la empresa recurrente deberá asumir los gastos derivados del proceso judicial.
Esta resolución judicial se produce en un momento de cambio en la relación institucional entre la Autoridad Portuaria de Alicante y Terminales Marítimas del Sureste, caracterizado por una mayor voluntad de entendimiento y diálogo. En los últimos meses, el presidente de la APA, Luis Rodríguez, y TMS han iniciado una nueva etapa basada en negociaciones más proactivas y constructivas, orientadas a la normalización de relaciones y a la colaboración para el desarrollo del puerto. En este contexto, la sentencia supone un paso más en la consolidación de ese clima de cooperación.
Desde la Autoridad Portuaria de Alicante se valora muy positivamente esta decisión judicial, que refuerza la seguridad jurídica, avala una gestión rigurosa y transparente del dominio público portuario y contribuye a ofrecer un marco estable y claro para todos los operadores que desarrollan su actividad en el puerto.