El presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) y vicepresidente de la Asociación Europea de Puertos (ESPO), Gerardo Landaluce, reclamó el pasado viernes en Bruselas un diálogo constructivo entre todos los actores del sector para corregir los efectos adversos del sistema europeo de comercio de derechos de emisión (EU-ETS) sobre la competitividad del sistema portuario europeo. El llamamiento tuvo lugar durante la jornada de presentación de los primeros resultados del Observatorio de Puertos del Estado, celebrada en la capital europea y organizada por ESPO.
El acto fue inaugurado por el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y contó con la exposición detallada de los principales indicadores a cargo de Manuel Arana, director de Planificación y Desarrollo de Puertos del Estado. Landaluce cerró el encuentro con una intervención en la que subrayó que, con los ajustes oportunos en la regulación vigente, «podemos aprovechar esta oportunidad para que los objetivos climáticos se alcancen sin erosionar la competitividad de los puertos europeos».
Los datos presentados en Bruselas confirman lo que la Autoridad Portuaria de Algeciras viene advirtiendo desde 2020: la aplicación del ETS marítimo está generando una desviación de tráficos e inversiones hacia puertos de terceros países no sometidos a esta normativa. Según las cifras del Observatorio, en los próximos años podrían desplazarse hasta 7.400 millones de euros en nuevos proyectos hacia puertos competidores situados fuera de la Unión Europea, lo que se traduciría en un incremento estimado del 60 % en su capacidad operativa, en detrimento directo de las instalaciones europeas.
En su intervención de clausura, Landaluce insistió en que la inversión en infraestructura portuaria tiene un carácter irreversible: «Hecha en un puerto, permanece por cincuenta años o más, y esa ya no vuelve y, al contrario, compite con nuestros puertos». A diferencia de los tráficos, que en determinados casos pueden redirigirse entre puertos europeos dentro del mercado interior, la inversión perdida no admite recuperación una vez que se ha materializado en terceros países.
El presidente de la APBA también situó el debate en el contexto geopolítico y geoeconómico actual, sustancialmente diferente al que existía cuando se diseñó el ETS marítimo hace cinco años. La creciente competencia global, las tensiones en las cadenas logísticas y la necesidad de preservar la resiliencia del tejido industrial europeo exigen, a su juicio, una visión adaptada a la realidad presente. En este sentido, Landaluce defendió que Europa necesita «puertos fuertes, conectados y competitivos, como pilares de su autonomía estratégica y de su política industrial».
Desde ESPO, la organización que agrupa a las autoridades portuarias europeas, se comparte esta preocupación y se considera necesaria una reforma del funcionamiento actual del ETS marítimo. El año 2026 se presenta, según Landaluce, como el momento idóneo para introducir mejoras, en el marco de la revisión prevista de la directiva europea. «Tenemos una oportunidad para introducir mejoras», señaló, apelando a un trabajo conjunto y a un diálogo técnico riguroso entre las instituciones europeas y el sector portuario.
El nuevo régimen de comercio de derechos de emisión entró en vigor el 1 de enero de 2024, aunque el Puerto de Algeciras alertó ya en 2020 de las disfunciones que podría generar: desvíos de buques y tráficos hacia puertos de terceros países próximos a la UE, con la consiguiente fuga de emisiones de CO2 fuera del espacio europeo, un efecto contrario al espíritu de la propia normativa.