La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha formalizado dos contratos separados para garantizar la continuidad operativa de las terminales de contenedores de los puertos de Balboa y Cristóbal. APM Terminals, filial de A.P. Moller-Maersk, operará temporalmente el puerto de Balboa, en la costa del Pacífico, mientras que TIL Panama, perteneciente a Terminal Investment Limited (TiL) del grupo MSC, asumirá la gestión del puerto de Cristóbal, en la costa atlántica, por un período de hasta 18 meses.
La medida se enmarca en el proceso iniciado tras la publicación en la Gaceta Oficial del 23 de febrero del fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Panamá que anuló la concesión de Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings. Ese mismo día, las autoridades estatales tomaron el control físico, administrativo y operativo de ambas terminales. La decisión judicial, conocida inicialmente en enero, tiene su origen en dos demandas presentadas por la Contraloría General de la República, Anel Bolo Flores, quien cuestionó la legalidad de la concesión de 25 años en manos de PPC, argumentando que contenía irregularidades graves y resultaba perjudicial para los intereses nacionales.
APM Terminals comunicó que ha iniciado sus operaciones temporales en el puerto de Balboa una vez publicado el fallo en la Gaceta Oficial, lo que habilitó al Estado para asumir el control de las terminales y sus activos. Marliz Bermúdez, directora ejecutiva de APM Terminals Panamá, señaló que durante esta fase inicial de estabilización la prioridad es garantizar la continuidad y fiabilidad del hub logístico panameño, proteger la carga y velar por la seguridad de toda la plantilla. «Este proceso requiere rapidez y precisión para que el puerto pueda retomar progresivamente las operaciones una vez completada la instalación del sistema, junto con otras tareas operativas, de auditoría, formación y verificación», indicó la directiva, quien reafirmó el compromiso de la compañía con Panamá.
La fase de estabilización dará prioridad al mantenimiento de la plantilla mediante un proceso de subrogación empresarial. La compañía aplicará medidas de contingencia para mantener la entrega de contenedores y las operaciones de acceso, al tiempo que formará al personal en los nuevos procedimientos. Entre sus planes figura la migración del sistema operativo de la terminal a Navis N4, la regulación de los flujos de contenedores durante la transición y la comunicación periódica con clientes y navieras. En paralelo, llevará a cabo un inventario completo y una evaluación técnica de grúas, equipos y sistemas, así como una revisión de procesos, contratos y protocolos operativos para definir las necesidades de mantenimiento a corto plazo.
CK Hutchison indicó que representantes del gobierno accedieron a las instalaciones de Balboa y Cristóbal sin previo aviso, comunicaron a PPC la terminación de la concesión, ordenaron el cese de operaciones e instruyeron a los empleados para que acataran las órdenes de las autoridades estatales bajo amenaza de acciones penales. La compañía considera que el fallo del Tribunal Supremo, el decreto ejecutivo y la toma de control son contrarios a derecho, y tiene previsto ejercitar todas las acciones legales disponibles, tanto nacionales como internacionales. Hutchison Port Holdings ya había advertido a A.P. Moller-Maersk de que cualquier intento de operar los puertos de Balboa y Cristóbal sin su consentimiento podría dar lugar a acciones legales contra la compañía.