El Centro Portuario de Empleo de Valencia (CPEV) ha presentado los resultados de su Memoria de Intervención Social 2025, que muestra una tendencia al alza en la demanda de atención y una consolidación de los procesos de recuperación entre la plantilla. Durante el pasado ejercicio, el programa atendió a un total de 44 trabajadores, 17 más que el año anterior, lo que representa un incremento del 63%. Según el informe, este aumento refleja una mayor confianza en el dispositivo y una reducción del estigma vinculado a la salud mental y las adicciones en el entorno laboral portuario.
El dato más relevante del informe es la tasa de estabilidad registrada entre los trabajadores acogidos al protocolo: el 86,49% de los casos evaluados no presentó ninguna recaída durante el proceso de tratamiento. El año cerró además con un 26,19% de altas terapéuticas, correspondientes a trabajadores que completaron sus objetivos de tratamiento satisfactoriamente.
El servicio, coordinado por la educadora social Silvia Ros Verdeguer, se articula en tres niveles de prevención. El primero, de carácter primario, incluyó acciones de sensibilización y formación dirigidas a 107 estibadores. El segundo nivel, de prevención secundaria, comprendió la vigilancia activa de la salud mediante 1.319 reconocimientos periódicos. En el tercer nivel, de prevención terciaria, el Grupo de Ayuda Mutua cerró el ejercicio con 22 participantes activos, un 22% más que el año anterior.
En materia de seguridad operativa, la memoria señala que el 100% de los controles de alcohol y drogas realizados tras accidentes de trabajo resultaron negativos en 2025. Las pruebas aleatorias efectuadas en plena operativa a 23 trabajadores también arrojaron resultados negativos en su totalidad, lo que confirma que el consumo de sustancias no interfirió en la actividad diaria del puerto durante el ejercicio.
El análisis descriptivo del perfil de los usuarios atendidos muestra que el 88,64% son hombres y que el 34,09% supera los 50 años. Un factor psicosocial relevante detectado es que el 48,84% de los usuarios son divorciados, dato que el informe vincula con situaciones de mayor vulnerabilidad y necesidad de intervención. De cara a 2026, el CPEV se fija como objetivo prioritario el fortalecimiento de la intervención familiar, que actualmente se produce únicamente en el 36,36% de los casos, dado su papel como factor protector frente a las recaídas.
El programa se enmarca en un plan de acción orientado al acompañamiento, la ayuda y la sensibilización informativa, centrado en proporcionar formación al trabajador para mejorar su responsabilidad personal y su capacidad para gestionar dificultades vitales. El plan define al propio trabajador y a su entorno social de apoyo —familia, amigos y compañeros— como agentes del proceso de cambio.