El Consejo de Administración del Puerto de Barcelona ha autorizado el inicio del proceso de licitación para adjudicar en régimen de concesión una terminal marítima pública multipropósito ubicada en el muelle Príncipe de España. La convocatoria se activa tras el vencimiento, este mismo año, de la concesión actualmente en vigor.
La nueva terminal permitirá dar continuidad a la actividad de carga general no contenerizada, un tráfico considerado esencial para el posicionamiento estratégico del puerto y cuya ausencia de licitación podría derivar en una situación de monopolio. El objetivo es asegurar un servicio competitivo, abierto a terceros y alineado con las necesidades logísticas e industriales del territorio.
La futura instalación contará con una superficie de 87.425 metros cuadrados y mantendrá los actuales edificios de oficinas y aparcamiento, mientras que el resto de estructuras podrán ser rehabilitadas o sustituidas en función de la propuesta del adjudicatario. El pliego establece que la terminal podrá manipular carga general y determinados tráficos mixtos, pero excluye pasajeros —salvo conductores profesionales— y graneles sólidos y líquidos. Asimismo, fija un volumen mínimo de carga general no contenerizada para evitar que la actividad se limite exclusivamente a buques portacontenedores, que ya pueden ser atendidos en otras terminales existentes. No obstante, contempla la posibilidad de operar contenedores en buques mixtos de carga rodada y manipulación vertical cuando estos no puedan ser gestionados en otras instalaciones especializadas.
La inversión orientativa prevista asciende a 3,6 millones de euros en obra civil e instalaciones. La terminal deberá disponer como mínimo de tres grúas móviles —dos de ellas con menos de cinco años de antigüedad al inicio de la concesión— y seis equipos auxiliares de manipulación. En caso de superar determinados umbrales de tráfico, fijados en 15.000 TEUs anuales o 50.000 toneladas de carga rodada, el concesionario estará obligado a realizar inversiones adicionales en maquinaria especializada.
La concesión tendrá una duración de 16 años, con la posibilidad de extinción anticipada a partir del décimo año si fuera necesaria una reordenación de actividades dentro del recinto portuario. En ese supuesto, el concesionario tendría derecho a compensación por las inversiones no amortizadas.
En línea con la estrategia de descarbonización del puerto, el concurso incorpora criterios ambientales vinculados a la eficiencia energética de los equipos, la generación de energía renovable, la reducción del consumo de agua y electricidad y la eventual electrificación de la maquinaria. El procedimiento se tramitará por vía ordinaria y está abierto a la concurrencia de operadores que cumplan requisitos de solvencia amplios, valorándose las ofertas mediante una combinación de criterios técnicos y económicos.