El sector del transporte y la energía en España ha recibido como una señal positiva la nueva propuesta de Real Decreto para impulsar la descarbonización del transporte y fomentar los combustibles sostenibles, que transpone la Directiva RED III de energías renovables. Así lo ha puesto de manifiesto la Asamblea General de Gasnam, asociación que agrupa a productores, distribuidores y operadores vinculados al transporte y a los gases renovables.
Durante el encuentro se valoró especialmente que la propuesta acompañe el objetivo general de reducción de emisiones con un subobjetivo específico de consumo energético: en 2040, al menos el 18,5% de la energía utilizada en el transporte por carretera deberá proceder de combustibles renovables. Este planteamiento, según la asociación, refuerza el papel estratégico del biometano y del hidrógeno como vectores clave para alcanzar las metas de descarbonización.
No obstante, el sector advierte de que la ambición normativa debe ir acompañada de instrumentos económicos y operativos que permitan transformar los objetivos en resultados tangibles. En este sentido, Gasnam subraya la ausencia de incentivos fiscales y programas específicos en España para fomentar la producción de gases renovables, la adquisición de vehículos pesados propulsados por estos combustibles y el despliegue de infraestructuras de repostaje, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos.
La asociación también reclama que los recursos procedentes del régimen de comercio de derechos de emisión —tanto el actual para el transporte marítimo como el futuro ETS2 que ampliará su cobertura al transporte por carretera— se destinen de forma ambiciosa a apoyar la descarbonización del transporte pesado. A su juicio, estos ingresos deberían orientarse prioritariamente a infraestructuras, renovación de flotas y proyectos que aceleren la adopción de combustibles renovables, garantizando una transición eficaz y justa.
En paralelo, Gasnam insiste en la necesidad de desarrollar el Marco de Acción Nacional exigido por el reglamento europeo de infraestructuras de combustibles alternativos (AFIR), cuyo plazo de elaboración concluyó en diciembre de 2025. Este marco establece, entre otros requisitos, el despliegue de una red de hidrogeneras con al menos una estación cada 200 kilómetros en la red TEN-T y otra en los principales nodos urbanos, planificación que el sector considera imprescindible para aportar certidumbre a la industria.