Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison Holdings, ha presentado un procedimiento de arbitraje en Londres contra Maersk por lo que describe como la participación de la naviera danesa en la toma de control de sus terminales portuarias en Panamá. La acción legal se suma al arbitraje que PPC ya mantiene abierto contra la República de Panamá, en el que reclama 2.000 millones de dólares en daños y perjuicios.
El conflicto tiene su origen en la decisión del gobierno panameño de asumir el control de los puertos de Balboa y Cristóbal el pasado 23 de febrero de 2026, después de que la Corte Suprema del país declarara inconstitucional la concesión que PPC mantenía sobre ambas terminales. Mediante un decreto ejecutivo, Panamá tomó posesión de las instalaciones y los activos asociados, y otorgó concesiones temporales para su operación a APM Terminals, la división de terminales de contenedores de Maersk, y a Terminal Investment Limited (TIL), el brazo inversor en terminales de MSC Mediterranean Shipping Company.
CK Hutchison había operado las terminales de Balboa y Cristóbal de forma ininterrumpida desde 1997, con una renovación de la concesión en 2021. La actuación del gobierno panameño se produjo tras una auditoría que concluyó que Hutchison había pagado por debajo de lo debido por la concesión, en una cantidad estimada en unos 1.200 millones de dólares. La decisión se enmarcó en un contexto de presiones por parte de la administración estadounidense para reducir la influencia china en el entorno del Canal de Panamá.
En su demanda arbitral contra Maersk, PPC acusa a la naviera danesa de haber actuado en contra de los términos contractuales y de haberse alineado con el gobierno panameño en lo que la compañía califica como una campaña dirigida contra PPC para sustituirla mediante la instalación de nuevos operadores portuarios. PPC ha precisado que la reclamación contra Maersk es independiente del procedimiento que mantiene contra Panamá, y ha señalado que perseguirá con firmeza ambas vías legales, aunque no ha detallado el tipo de indemnización que solicita en el caso contra la naviera danesa.
El gobierno de Panamá ha insistido en que no se trata de una expropiación, sino de la emisión de licencias temporales para que Maersk y MSC gestionen las terminales, y ha asegurado que las instalaciones funcionan con normalidad bajo la nueva gestión. CK Hutchison, por su parte, considera la decisión judicial panameña como un acto contrario a derecho, una posición que cuenta con el respaldo del gobierno chino.
Maersk no se ha pronunciado hasta el momento sobre la demanda arbitral presentada por PPC. La resolución de ambos procedimientos, tanto el dirigido contra Panamá como el iniciado contra Maersk, podría tener implicaciones relevantes para la operación de las terminales de contenedores del Canal de Panamá, uno de los puntos más estratégicos del comercio marítimo mundial.