El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo Real Decreto-ley con medidas de apoyo al sector del transporte en España para paliar el impacto del encarecimiento del combustible provocado por la guerra en Oriente Próximo. La norma complementa las actuaciones recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado el pasado 20 de marzo, que estableció una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible y otras ayudas directas a los transportistas, y extiende su alcance al transporte ferroviario y marítimo de mercancías.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «el Real Decreto-ley 7/2026 supuso una primera respuesta, con medidas de carácter urgente para aliviar el impacto de la subida de los costes energéticos. Hoy damos un paso más». Puente ha indicado que las nuevas medidas son «resultado de un proceso intenso de diálogo con el sector» y ha subrayado que la norma aprobada «refuerza la protección del sector del transporte ante un contexto internacional complejo, garantizando su viabilidad y asegurando el correcto funcionamiento de la cadena logística».
El decreto ley se estructura en torno a tres ejes de actuación. El primero se centra en el transporte de mercancías por carretera y recoge las medidas pactadas con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), con el que el Gobierno ha mantenido un proceso de negociación continuado durante las últimas semanas. La norma consolida el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando se produzcan variaciones en el precio del combustible, establece la obligación de reflejar expresamente dicho ajuste en la factura para garantizar la transparencia y facilitar la comprobación de su aplicación, e introduce un régimen sancionador específico para los casos de incumplimiento.
El segundo eje incorpora medidas específicas para el transporte ferroviario de mercancías. Se establece una línea de ayudas directas para 2026 destinada a compensar el sobrecoste del combustible en las locomotoras diésel. Las ayudas ascienden a 15.000 euros por locomotora activa, con una dotación total de 3,15 millones de euros. «El objetivo es evitar una pérdida de competitividad del ferrocarril frente a otros modos de transporte y garantizar su continuidad en el sistema logístico», ha argumentado el ministro.
El tercer eje se refiere al transporte marítimo. La norma amplía el ámbito de las ayudas existentes para incluir expresamente los servicios de carga entre puertos peninsulares y los archipiélagos balear y canario, Ceuta y Melilla, así como entre puertos de ambos archipiélagos, servicios que no estaban contemplados en el decreto ley anterior. Esta ampliación supone un incremento de 7 millones de euros adicionales sobre los 30 millones inicialmente previstos. «Se garantiza que estos territorios puedan seguir contando con un sistema de transporte eficiente y competitivo», ha afirmado Puente.
Además de estas tres líneas principales, el Real Decreto-ley introduce ajustes en el marco normativo existente, entre los que se encuentra la inclusión de los eurotaxis o taxis adaptados a personas con movilidad reducida en el sistema de ayudas ya aprobado, así como la adaptación de las medidas a las características específicas de Ceuta y Melilla.